El Gobierno dejará a su sucesor en el poder una cartera de casi 50 proyectos mineros aprobados ambientalmente.
El Gobierno peruano dejará a su sucesor, en julio próximo, prácticamente 50 estudios de impacto ambiental aprobados, que van a permitir el inicio de operaciones de proyectos mineros importantes, como Las Bambas (cobre, en el sur) y Conga (oro, en el norte), afirmó hoy el ministro peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima, Sánchez agregó que las inversiones en minería comprometidas hasta 2016 suman US$41.000 millones de dólares, casi el doble que hace dos años, mientras que las exportaciones mineras ascenderán este año a US$20.000 millones de dólares.
El ministro explicó que, con esa progresión de las inversiones, lo último que quisieran es generar "ruido", y evitó así comentar la posibilidad de incrementar las regalías que se cobran a las empresas por la explotación de los minerales.
Sánchez dijo que ese aumento sólo procedería en caso de que las condiciones (del mercado internacional y local) sean "demasiado diferentes" de las actuales, en que los altos precios de los minerales generan bonanza en esa actividad.
"Tenemos que seguir manteniendo un régimen de estabilidad y de competitividad,” añadió el ministro.
A su turno, el viceministro peruano de Minas, Fernando Gala, también presente, auguró que la producción de cobre, que asciende actualmente a 1,2 millones de toneladas anuales, se triplicará en 6 a 7 años, por la operación de varios proyectos en curso.
Respecto a la posibilidad de que la actividad minera, el principal aporte al producto interno bruto (PIB) peruano, se diversifique y ofrezca un valor agregado al mundo, Sánchez dijo que es "muy difícil competir con la capacidad instalada que existe en el mundo", especialmente en plantas de fundición de Asia, pero que su país debe evaluar esa posibilidad en el futuro, junto a su vecino Chile.
"En la zona norte del país, vamos a poder ofrecer las condiciones necesarias para ese proceso (puertos, energía barata y gas natural) dentro de unos años", indicó el ministro.
Sobre los conflictos que el Estado peruano mantiene con gobiernos regionales, organizaciones sociales y comunidades indígenas, que se oponen a la minería en sus territorios por la contaminación o por disputas sobre el agua, Sánchez declaró que el Gobierno ha decidido aislar el uso de las fuentes de agua superficiales y subterráneas de la actividad minera.
"En todos los proyectos estamos aislando el tema del agua, que (las empresas mineras) no utilicen los recursos de agua, de manera que se evite el mayor ruido posible", indicó.
Uno de los diálogos más complicados para el Gobierno es precisamente con las agrupaciones indígenas, que han reclamado se cumpla la ley de consulta previa que los faculta a opinar sobre el ingreso de empresas trasnacionales a sus territorios, pero según Sánchez los líderes indígenas “no tienen voluntad de diálogo” y han estado ausentes de las reuniones de coordinación convocadas por el ministerio.
De otro lado, Sánchez dijo que el Estado peruano va a tener que asumir la financiación de los pasivos ambientales en el complejo metalúrgico de La Oroya, de propiedad de la estadounidense Doe Run, en el caso de que la liquidación financiera de esa empresa no sea suficiente.
Doe Run dejó de operar el complejo hace un año por problemas financieros, cuando debía completar una planta de procesamiento de ácido sulfúrico del circuito de cobre, el tercero de los que construyó como parte de su plan de adecuación medioambiental para mitigar la contaminación acumulada en 80 años de actividad.
Sánchez explicó que "quien compre los activos (tras la liquidación), tendrá que poner la planta a punto, hacer las inversiones ambientales que falta, y arrancarla sin contaminar".
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